Bankia puede tener pronto un tercer frente del que preocuparse en las demandas por la salida a Bolsa, además de los clientes minoristas y los institucionales: sus propios empleados. La plantilla del banco invirtió más de 50 millones de euros en la Oferta Pública de Suscripción (OPS) de julio de 2011 y, según fuentes sindicales, las consultas sobre posibles demandas se han disparado en los últimos días.
Desde distintas organizaciones sindicales explican que los empleados de la entidad habían sido hasta ahora reacios a demandar a Bankia, salvo los que salieron en el expediente de regulación de empleo (ERE) que llevó a cabo entre 2013 y 2014. Tal y como fijó Bruselas, la entidad redujo su plantilla en 6.000 puestos de trabajo a través del ERE y ventas de participadas.
De hecho, fuentes sindicales calculan que empleados y exempleados habrían presentado durante el último año unas 1.000 demandas civiles. Esto representa apenas un 1,3% de las 76.546 demandas, y menos de la mitad del 2,8% que los empleados cubrieron del tramo minorista de la OPS.
Sin embargo, la postura de los empleados sobre si demandar o no al banco parece estar cambiando a raíz de la demanda del Tribunal Supremo del año pasado. "Nos están llamando más desde hace una semana. La decisión del Alto Tribunal ha sido un revulsivo. Los empleados se sienten más seguros demandando en grupo y con una resolución del Supremo que les avale", explican desde CCOO-Bankia, el primer sindicato de la entidad.
"Si las cuentas de Bankia estaban mal, lo estaban para todos, también para los empleados", añaden desde UGT.
Estos dos sindicatos, al igual que otros de los principales de la entidad -Accam y Sate-, han animado a los profesionales y a sus familiares a demandar desde que se conocieran hace un año los informes de los peritos del caso Bankia. Estos concluían que las cuentas que se incorporaron en el folleto de la OPS no reflejaban la imagen fiel de la sociedad y que no hubo concurrencia en la fijación del precio de la operación.
Para ayudar a los profesionales, algunos sindicatos como Accam alcanzaron acuerdos con bufetes de abogados con tarifas especiales en las demandas civiles y penales. Además, han tratado de convencer a los responsables de la entidad de que ofrecieran algún tipo de solución extrajudiciales.
En un reciente comunicado de Accam, sus dirigentes señalaban que "Bankia debería reflexionar y atajar esta situación de la manera menos gravosa (evitando costes judiciales) y sin menoscabar todavía más la imagen que tanto nos está costando recuperar, donde los profesionales son el escudo ante la sociedad".
ARBITRAJES
En este sentido, la posibilidad de que haya un sistema similar a los arbitrajes de preferentes va ganando cada vez más peso, tal y como reconoció ayer el consejero delegado de la entidad.
Bankia tomaría esta decisión ante la posibilidad de quitarse un problema reputacional y unos gastos judiciales que calcula en más de 500 millones de euros. Esta cifra es precisamente lo que quedaría por cubrir del tramo minorista de la OPS: éste fue de 1.800 millones y las provisiones -sin tener en cuenta las realizadas para costes judiciales- ascienden a más de 1.300 millones. Sevilla también aclaró ayer que los titulares de en torno a 500 millones en acciones del banco vendieron sin pérdidas -la mitad- o con minusvalías de menos del 50%. Es decir, con lo que ya tiene provisionado la entidad podría devolver lo invertido en la OPS a todos los clientes minoristas.
Aun así, el tramo institucional podría suponer un nuevo quebradero de cabeza, ante las demandas que ya preparan empresas cotizadas, Sicav y fondos internacionales. Sevilla limitó el potencial impacto de demandas de clientes profesionales a 600 millones, ya que de los 1.200 millones que invirtieron en la salida a Bolsa, la mitad vendieron sin pérdidas durante las 30 sesiones posteriores al estreno bursátil.
JORGE ZULOAGA
