Bankia devolverá a los minoristas toda su inversión en la OPV por 1.800 millones

Bankia ha anunciado este miércoles que devolverá a los pequeños inversores que acudieron a la salida a bolsa todo el dinero invertido más unos intereses del 1% anual, sin necesidad de cumplir ninguna otra condición y sin tener que acudir a los tribunales. Esta medida, para la que espera que sea suficiente con los 1.840 millones que tiene provisionados BFA (la matriz de Bankia) para hacer frente a las demandas, será gratuita para los inversores y no tendrá que pasar por ningún filtro ni experto independiente, a diferencia del arbitraje de las preferentes: se le devolverá el 100% de la inversión a todo el mundo.

Para ello, los pequeños accionistas que compraron títulos de Bankia, incluso aquellos que tienen en marcha un proceso judicial, sólo tendrán que presentar, a partir de mañana mismo y en cualquier oficina de la entidad, un modelo de solicitud que ya está disponible en la web (www.bankia.es) o en las sucursales. Los pequeños inversores cuentan con un plazo de tres meses a contar a partir de mañana.

Con esta medida, Bankia pretende ahorrarse las costas judiciales y otro tipo de recargos que estaban imponiendo los tribunales en la resolución de demandas sobre la salida a bolsa de julio de 2011. Para los inversores también tiene la ventaja de que se ahorran los gastos de abogado y procurador, así como los plazos de los procedimientos judiciales. A cambio de aceptar esta restitución, los inversores tendrán que renunciar a seguir adelante con las acciones en los tribunales.

En una nota, la entidad explica que los 1.840 millones de euros provisionados son suficientes para hacer frente a la devolución tanto de lo invertido por los pequeños accionistas como de los costes de las demandas judiciales ya abiertas.

J&J Estrategias de Inversión

El Banco de España se defiende por el "caso Bankia"

El Banco de España ha defendido hoy su labor de supervisión, fiscalizada por el Tribunal de Cuentas, y ha insistido en la independencia con la que actuaron los peritos judiciales en relación con la salida de Bankia a Bolsa en julio de 2011.

La comisión ejecutiva de la institución sale así al paso de un comunicado de la Asociación de Inspectores del Banco de España (AIBE) en el que, entre otros aspectos, se acusaba a los responsables de supervisión de promover y/o elaborar informes para contradecir las conclusiones de dichos peritos.

El colectivo responsabilizaba directamente al subgobernador del Banco de España, Fernando Restoy, de haber encargado un informe para rebatir las conclusiones periciales.

Estos informes, en opinión de los inspectores, insistían en la tesis de que la información contable proporcionada por BANKIA (BKIA.MC)en su folleto de salida a bolsa reflejaba fielmente sus cuentas, algo que contradecían los peritos.

El Banco de España rechaza haber redactado ningún informe para rebatir o criticar esas conclusiones periciales y asegura que el documento al que se refieren los inspectores es en realidad la contestación a una consulta planteada por la Comisión Rectora del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) para aclarar cómo debían interpretarse varias normas contables emitidas por el propio Banco de España.

Además, el Banco de España respondió a las consultas remitidas por distintos juzgados sobre su criterio técnico en relación con la interpretación de diferentes normas y determinadas informaciones contables sobre el grupo BFA-Bankia.

El Banco de España asegura que tanto el trabajo de los peritos, como la preparación de la contestación a estas consultas se llevó a cabo de modo independiente por expertos que actuaron "con su mejor criterio profesional".

El supervisor añade que su labor como tal ha sido objeto de fiscalización por el Tribunal de Cuentas en su informe de fiscalización del FROB, de los Fondos de Garantía de Depósitos (FGD) y de las actuaciones del Banco de España, referida al periodo 2009-2012, "sin que constatase irregularidad alguna" en el ejercicio de estas tareas.

Por ello, el Banco de España considera inaceptables las "descalificaciones a instituciones y personas" vertidas por los inspectores y, en particular, las que hacen de forma genérica contra los profesionales responsables de la supervisión de determinadas entidades.

El Banco Central Europeo (BCE) ha asegurado hoy que trabaja con el Banco de España en un ambiente de mutua confianza y en todos los niveles en la supervisión de los bancos y tilda de "completamente falsas" las "especulaciones sobre investigaciones de procedimientos internos" del supervisor.

EFE

El Gobierno allana el camino a los afectados por la salida a bolsa de Bankia

Los pequeños accionistas que invirtieron su dinero en la salida a bolsa de Bankia están cada vez más cerca de recuperar su aportación si se pone en marcha el sistema de arbitraje que estudian el Gobierno en funciones y la propia entidad.

Según adelantó el viernes el secretario de Estado de Economía, Íñigo Fernández de Mesa, el Ejecutivo trata de «tomar la iniciativa y dar una salida ágil» a los particulares que invirtieron en la Oferta Pública de Venta (OPV) de acciones de Bankia en junio de 2011.

En esta misma dirección apunta la entidad bancaria, que está analizando con detenimiento las sentencias del Supremo para «poder ofrecer una alternativa con totales garantías jurídicas» y que ahorre «tiempo y dinero» a los afectados.

Esta solución extrajudicial, similar a la implantada para hacer frente a la avalancha de reclamaciones por las participaciones preferentes, beneficiaría tanto a los pequeños inversores, que no necesitarían recurrir individualmente para recuperar su dinero, como a la propia entidad, que ahorraría 500 millones de euros en costas judiciales.

Por su parte, los representantes de los afectados también se muestran abiertos al diálogo para llegar a una solución de arbitraje colectivo que, según explican desde la asociación de consumidores Adicae, evitaría la «inundación de la justicia» y «la repetición masiva de las mismas causas con las mismas consecuencias».

Según la legislación actual, el arbitraje de consumo colectivo se contempla en los procesos «con un mismo presupuesto fáctico», es decir, que han sido afectados por la misma causa, y sería competencia de la Junta Arbitral Nacional de consumo, al haber sido perjudicados inversores de más de una comunidad.

La propuesta de Bankia y el Gobierno llega después de que la Sala Civil del Supremo considerase que el folleto de la salida a bolsa de la entidad indujo a error a los pequeños inversores, que carecían de «los medios necesarios» para acceder a datos económicos relevantes sobre el estado de la entidad en el momento de su debut bursátil. Unos medios, según matizó el Alto Tribunal, de los que sí habrían dispuesto los grandes inversores o accionistas institucionales, de cara a contrastar la información en la que Bankia señalaba como dato relevante de solvencia un beneficio de 309 millones en el primer trimestre de 2011, en lugar de unas pérdidas «reales y efectivas» de 3.030 millones.

EFE

Sus empleados demandan a Bankia

Las consultas sobre posibles demandas de los empleados de Bankia que invirtieron en la salida a Bolsa se han disparado en los últimos días, según fuentes sindicales.

Bankia puede tener pronto un tercer frente del que preocuparse en las demandas por la salida a Bolsa, además de los clientes minoristas y los institucionales: sus propios empleados. La plantilla del banco invirtió más de 50 millones de euros en la Oferta Pública de Suscripción (OPS) de julio de 2011 y, según fuentes sindicales, las consultas sobre posibles demandas se han disparado en los últimos días.

Desde distintas organizaciones sindicales explican que los empleados de la entidad habían sido hasta ahora reacios a demandar a Bankia, salvo los que salieron en el expediente de regulación de empleo (ERE) que llevó a cabo entre 2013 y 2014. Tal y como fijó Bruselas, la entidad redujo su plantilla en 6.000 puestos de trabajo a través del ERE y ventas de participadas.

De hecho, fuentes sindicales calculan que empleados y exempleados habrían presentado durante el último año unas 1.000 demandas civiles. Esto representa apenas un 1,3% de las 76.546 demandas, y menos de la mitad del 2,8% que los empleados cubrieron del tramo minorista de la OPS.

Sin embargo, la postura de los empleados sobre si demandar o no al banco parece estar cambiando a raíz de la demanda del Tribunal Supremo del año pasado. "Nos están llamando más desde hace una semana. La decisión del Alto Tribunal ha sido un revulsivo. Los empleados se sienten más seguros demandando en grupo y con una resolución del Supremo que les avale", explican desde CCOO-Bankia, el primer sindicato de la entidad.

"Si las cuentas de Bankia estaban mal, lo estaban para todos, también para los empleados", añaden desde UGT.

Estos dos sindicatos, al igual que otros de los principales de la entidad -Accam y Sate-, han animado a los profesionales y a sus familiares a demandar desde que se conocieran hace un año los informes de los peritos del caso Bankia. Estos concluían que las cuentas que se incorporaron en el folleto de la OPS no reflejaban la imagen fiel de la sociedad y que no hubo concurrencia en la fijación del precio de la operación.

Para ayudar a los profesionales, algunos sindicatos como Accam alcanzaron acuerdos con bufetes de abogados con tarifas especiales en las demandas civiles y penales. Además, han tratado de convencer a los responsables de la entidad de que ofrecieran algún tipo de solución extrajudiciales.

En un reciente comunicado de Accam, sus dirigentes señalaban que "Bankia debería reflexionar y atajar esta situación de la manera menos gravosa (evitando costes judiciales) y sin menoscabar todavía más la imagen que tanto nos está costando recuperar, donde los profesionales son el escudo ante la sociedad".

ARBITRAJES

En este sentido, la posibilidad de que haya un sistema similar a los arbitrajes de preferentes va ganando cada vez más peso, tal y como reconoció ayer el consejero delegado de la entidad.

Bankia tomaría esta decisión ante la posibilidad de quitarse un problema reputacional y unos gastos judiciales que calcula en más de 500 millones de euros. Esta cifra es precisamente lo que quedaría por cubrir del tramo minorista de la OPS: éste fue de 1.800 millones y las provisiones -sin tener en cuenta las realizadas para costes judiciales- ascienden a más de 1.300 millones. Sevilla también aclaró ayer que los titulares de en torno a 500 millones en acciones del banco vendieron sin pérdidas -la mitad- o con minusvalías de menos del 50%. Es decir, con lo que ya tiene provisionado la entidad podría devolver lo invertido en la OPS a todos los clientes minoristas.

Aun así, el tramo institucional podría suponer un nuevo quebradero de cabeza, ante las demandas que ya preparan empresas cotizadas, Sicav y fondos internacionales. Sevilla limitó el potencial impacto de demandas de clientes profesionales a 600 millones, ya que de los 1.200 millones que invirtieron en la salida a Bolsa, la mitad vendieron sin pérdidas durante las 30 sesiones posteriores al estreno bursátil.

JORGE ZULOAGA

UPyD pide al juez Andreu que impute a 80 consejeros y directivos que utilizaron las tarjetas 'B'

• Considera que los usuarios de estos plásticos actuaron con "mala fe"

• Acusa al director corporativo de la Auditoría Interna de Bankia, Iñaki Ozaola

Unión, Progreso y Democracia (UpyD) ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu que cite a declarar como imputados por la comisión de un delito de apropiación indebida a 80 consejeros y directivos de Caja Madrid y Bankia que usaron las tarjetas 'B' opacas al fisco.

La formación reclama, además, que el magistrado interrogue como testigos a aquellos titulares de las tarjetas que no hicieron uso de ellas -Félix Manuel Sánchez Acal, Iñigo María Aldaz Barrera, Esteban Tejera Montalvo y Francisco Verdú Pons- y al director corporativo de Auditoría Interna de Bankia, Iñaki Ozaola.

En un escrito remitido al Juzgado Central de Instrucción número 4, el partido reclama también que se exija a todos ellos que abonen, de forma solidaria, la fianza de 19 millones de euros.

Todo ello en concepto de responsabilidad civil impuesta a los expresidentes de Caja Madrid Miguel Blesa y Rodrigo Rato.

UPyD considera que usuarios de estas tarjetas opacas, "con evidente mala fe y aprovechando la confianza depositada en ellos", se apropiaron ilegítimamente de la cantidad total de 15.249.300 millones de euros y 245.200 euros, de las entidades Caja Madrid y Bankia, respectivamente.

Uso fraudulento y en beneficio propio

Esto lo hicieron "mediante el uso fraudulento y en beneficio propiode las tarjetas de crédito que dichas empresas les había facilitado para el exclusivo abono de los gastos derivados de su actividad de representación como consejeros y directivos", añadió UPyD.

En cuanto a la declaración de Azaola, UPyD indica que fue él quien remitió al director general del FROB, Antonio Carrascosa, un informe de fecha 25 de junio de 2014, realizado por la Auditoria de Servicios Centrales de Bankia.

"La declaración de Azaola resulta también fundamental para aclarar la forma en que dichos gastos de las tarjetas venían siendo contabilizados en Bankia y las posibles razones por las que no fueron detectados y puestos en conocimiento de las autoridades competentes hasta mediados del año 2014", agregan.

En el escrito también se pide al juez que recabe información sobre la devolución de las cantidades gastadas por los consejeros y directivos con estas tarjetas y qué ex consejeros de Caja Madrid han procedido a reintegrar a la Fundación Especial Caja Madrid.

Tres imputados

Andreu ya citó a declarar como imputados en esta pieza separada el día 16 de octubre al ex presidente de Bankia Rodrigo Rato, al de Caja Madrid Miguel Blesa y al ex director general de esta última Ildefonso Sánchez Barcoj por el uso de las tarjetas 'B' .

Los consejeros se gastaron 15,5 millones de euros en restaurantes, grandes superficies, hoteles, tiendas de ropa o joyerías.

En concreto, el 33,2% de los gastos cargados corresponden a efectivo sacado de los cajeros, el 14,8% a desplazamientos y viajes, el 11,1% a grandes superficies, el 10,1% a restaurantes, el 8,3% a hoteles, el 5,8% a ropa y complementos y el 3,3% a alimentación. El 13,4% se correspondía con otros gastos no especificados.

Blesa gastó 436.700 euros y Rato cargó 44.200 euros a Caja Madrid y 54.837 euros a Bankia, importe éste último que reingresó a la entidad.

El escándalo fue conocido después de que Bankia trasladara a su principal accionista, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), una documentación y un CD con el detalle de movimientosbancarios que este organismo trasladó a la Fiscalía Anticorrupción.

El fiscal jefe Anticorrupción, Antonio Salinas, judicializó el asunto el pasado 24 de septiembre al trasladar a la Audiencia Nacional las diligencias que había abierto a comienzos de mes por posibles delito societario y de apropiación indebida.

http://www.elmundo.es/economia/2015/01/23/54c2402fca4741aa368b46ec.html

Economía rebate a los peritos de Bankia con informes oficiales

El FROB remitirá al juez Fernando Andreu documentos del Banco de España y de la CNMV

Los abogados de las entidades no logran desmontar los argumentos de los dos expertos tras 19 horas de interrogatorio

Los dos peritos del caso Bankia, Víctor Sánchez, en primer término, y Antonio Busquets / J.J. GUILLÉN (EFE)

Había mucha expectación por conocer la capacidad de los dos peritos del Banco de España para soportar el interrogatorio de algunos de los mejores abogados de Madrid, que han intentado rebatir las acusaciones hechas en su informe sobre el maquillaje de las cuentas de Bankia. Sin embargo, tras 19 horas de debate en las cuatro sesiones de la fase de instrucción del caso, fuentes de los acusados admiten que los expertos se han ido sin que los abogados logren desmontar sus principales teorías.

Para enmendar esta situación, en los próximos días el FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) enviará al juzgado de Fernando Andreu informes que refuten algunos argumentos de los peritos. El organismo dependiente de Economía utilizará documentos del Banco de España y de la Comisión de Valores (CNMV), según fuentes del mercado. Habrá más informes de peritos de las partes, pero se considera que los de los supervisores serán los que tengan más peso para influir en la opinión del juez.

Al margen de algunas diferencias de criterio en la cuantía de los créditos que deberían provisionarse y el error admitido por los expertos, Víctor Sánchez y Antonio Busquets, sobre la acusación de que se cobraron dietas superiores a lo permitido por la ley, en los debates no han aflorado diferencias de calado.

La entrada del Banco de España en esta discusión supone que será el propio supervisor el que rebata las afirmaciones de sus inspectores. La importancia de las provisiones genéricas para frenar el deterioro del banco y la reclasificación de los créditos normales a subestándar serán algunos de los temas de discusión. Este paso es arriesgado para la institución que dirige Luis Linde porque los dos expertos cuentan con una alta consideración profesional entre el cuerpo de inspectores.

Por otro lado, Bankia y BFA han encargado informes al Rubén Manso, inspector en excedencia, y al catedrático de Economía Financiera, Leandro Cañibano. También Rodrigo Rato, y posiblemente otros acusados, presentarán más informes.

Esta confrontación de los informes ha sido el asunto que más abogados ha atraído a la sala de vistas de la Audiencia. En alguna sesión llegaron a acudir 45 letrados por lo que algunos tuvieron que seguir la sesión de pie ante lo ajustado de la sala.

La relevancia económica y política de los imputados, así como el dinero que hay en juego por posibles reclamaciones, ha hecho que este caso cuente con un ejército abogados de despachos de fama: la defensa de Banco Financiero y de Ahorros (BFA), la dirige Carlos Bueren, antiguo juez de la Audiencia, socio de Uría Menéndez. No obstante, el letrado que realizó las preguntas a los peritos en representación de BFA fue Rafael García Llaneza. Por su parte, Bankia ha elegido a Luis Jordana de Pozas, exfiscal y socio de Cuatrecasas, mientras que el FROB apostó por Fernando Izcún.

En este juicio, además de 32 imputados, hay mucho dinero en juego. El informe de los peritos afirma que las cuentas no eran correctas cuando Bankia salió a Bolsa y que la formación de precios estuvo adulterada por falsos compradores, lo que supone que los más de 300.000 inversores que destinaron 3.000 millones a estas acciones podrían multiplicar las demandas.

Además de algún abogado que resaltó discrepancias entre los peritos, el que más cuestionó sus afirmaciones fue el fiscal Anticorrupción Alejandro Luzón. Fuentes del caso apuntan que la cuestión de fondo es si en la actuación errónea de los gestores hubo dolo o intención, lo que mantendría la causa en el ámbito penal o fueron errores de gestión. No obstante, entre los acusados se da por hecho que Andreu determinará la apertura de juicio oral tras la instrucción.

Algunos de los imputados lamentan que, tras 19 horas de debates, se han remarcado algunas ideas contrarias a sus tesis como que BFA estaba quebrada cuando sacó a Bolsa a Bankia o que las cuentas de Bankia tenían problemas antes de la reformulación de mayo de 2012, “lo que podría traer problemas para las preferentes que emitió Caja Madrid”, según Jordi Ruiz, socio de Jausas. Se pretendía apagar el fuego de los informes y algunos creen que lo que se ha conseguido es dar un palo en el avispero y refrescar lo peor del caso Bankia, incluido el intento de ocultación fiscal de las tarjetas opacas.

http://economia.elpais.com/economia/2015/01/16/actualidad/1421447122_820145.html

Todas las tarjetas opacas de Caja Madrid, Todos los titulares, Todos los movimientos

Publicamos este post para que esta información no se pierda y pueda ser localizada a futuro. 

La noticia la conocemos todos, Este es un portal que ha creado el diario ElPaís, con todas las personas implicadas con todos los movimientos de todas las tarjetas.

Nos gustaría conocer el correspondiente informe de todas las cajas. Por que, ¿pensáis que esto sólo ha ocurrido en Caja Madrid?, dejad vuestros comentarios y opiniones.

Las Tarjetas opacas de Caja Madrid al detalle

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Las retribuciones al consejo de la vieja Bankia (republica.com)

El juez Andreu (Audiencia Nacional) tiene en sus manos el expediente de las retribuciones a los directivos de la vieja Bankia, la quebrada, y antes de proceder quiere escuchar a los primeros ejecutivos y recibir un informe del Banco de España. Las tarjetas negras de la vieja caja constituyen uno de los mayores escándalos financieros de los últimos tiempos y, de alguna manera, la gota que ha bosado los límites de la indignación ciudadana.

El juez tiene que armar bien el caso sin atender a la indignación ciudadana, con aplicación escrupulosa de las leyes. Además la agencia tributaria tiene que utilizar las facultades administrativas para exigir los impuestos burlados, con o sin dolo, con las sanciones correspondientes. No es casualidad que algunos de los afectados hayan procedido a realizar declaraciones complementarias para regularizar su situación fiscal de forma voluntaria, antes de que la agencia formalice la inspección formal que paraliza otras actuaciones hasta levantar las actas y liquidaciones que la inspección estime oportunas.

En muchos casos el pagador tendrá que ser la nueva Bankia, heredera de los activos y pasivos de la anterior. Lo cual lleva a la necesidad de que los nuevos gestores reclamen a los viejos administradores por posible administración desleal o incluso apropiación indebida. Acusaciones que también pueden interesar al fiscal y al propio juez instructor para armar el caso y proponer las acusaciones que abren la puerta al juicio oral.

Por razones de ejemplaridad y oportunidad sería bueno que la instrucción y el juicio discurran con diligencia, los hechos a verificar son fáciles y las posibles acusaciones sencillas. La rapidez en este caso sería buena para todos, incluidos los posibles acusados.

El informe sobre política de retribuciones del 2012 (antes de la intervención y el despido del consejo) era bastante preciso: “La retribución de los miembros del Consejo de Administración consiste en una cantidad periódica y dietas por asistencia a las reuniones del Consejo de Administración y de sus comisiones, sin perjuicio del reembolso de los correspondientes gastos. La fijación de dicha cantidad, su distribución entre los distintos consejeros y la periodicidad de su percepción corresponde al Consejo de Administración. Adicionalmente, y de acuerdo con lo establecido tanto en el artículo 49 de los Estatutos Sociales como en el artículo 28 del Reglamento del Consejo de Administración de BANKIA, los consejeros no ejecutivos de BANKIA que perciban cualquier remuneración por su pertenencia a algún órgano de gobierno del accionista mayoritario de BANKIA o de las entidades de crédito accionistas del mismo2, o que mantengan una relación laboral, ya sea ésta ordinaria o de alta dirección, con cualquiera de las entidades señaladas, no tendrán derecho a percibir remuneración alguna como administradores de BANKIA, sin perjuicio del reembolso de los gastos correspondientes”.

Y para articular este modelo la comisión de retribuciones, formada por cuatro consejeros, debe proponer al consejo las cifras precisas de retribuciones. De manera que deben existir las actas y los acuerdos correspondientes tanto de la comisión de retribuciones como del consejo. Si no existieran o se hubieran incumplido la calificación penal es más simple. Y con esa literalidad resulta poco verisímil que el concepto de “reembolso de gastos” justifique las tarjetas “black o free” que tanto escandalizan.

Como es un asunto irritante convendría clarificar las decisiones, quién las tomó y como se formalizaron. El hecho de que algunos de los cargos se hicieran contra errores informáticos y cuenta que quebrantos es más que sospechoso, pero facilita la atribución de posibles delitos, las maniobras de encubrimiento, ocultación y fraude.

El caso es bastante elemental, convendría evitar que naufrague, como tantos otros, en el vértigo procesal y las maniobras distractivas que tanto dañan la justicia. ¿Qué ocurriría en otros países con sistemas judiciales efectivos?

FERNANDO GLEZ. URBANEJA

http://www.republica.com/2014/10/13/las-retribuciones-al-consejo-de-la-vieja-bankia_844187/

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El Banco de España aporta un informe decisivo en la investigación de las ‘tarjetas B’

El juez Fernando Andreu ha rechazado imputar a todos los implicados hasta que se le entreguen los resultados de las pesquisas llevadas a cabo por el supervisor

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha rechazado imputar a los cerca de 80 consejeros y directivos de Caja Madrid y Bankia que hicieron uso de las 'tarjetas B' opacas al fisco hasta conocer el contenido del informe que sobre su utilización tienen pendiente realizar peritos independientes del Banco de España.

El magistrado, que interrogará el próximo jueves como imputados al expresidente de Bankia Rodrigo Rato, al de Caja Madrid Miguel Blesa y al exdirector general de esta última Ildefonso Sánchez Barcoj, ha concretado este lunes en una providencia a la que ha tenido que ha tenido acceso Europa Press, que esperará el dictamen de los dos expertos. "Estése a la espera del informe pericial", precisa, en respuesta a la petición efectuada por uno de los particulares personados en el procedimiento.

Según la documentación que obra en la pieza separada abierta para investigar la utilización fraudulenta de estas tarjetas, un total de 86 consejeros eran beneficiarios de estas 'tarjetas B' en las que se cargaron gastos personales por valor de 15,5 millones de euros entre los años 1999 y 2012. Dos de ellos, la exdirigente del PP Mercerdes de la Merced y el representante de UGT Félix Sánchez Acal, han fallecido.

Gastos personales

Los consejeros se gastaron los 15,5 millones de euros en restaurantes, grandes superficies, hoteles, tiendas de ropa o joyerías. En concreto, el 33,2 por ciento de los gastos cargados en estas tarjetas corresponden a efectivo sacado de los cajeros, el 14,8 a desplazamientos y viajes, el 11,1 por ciento a grandes superficies, el 10,1 por ciento a restaurantes, el 8,3 por ciento a hoteles, el 5,8 por ciento a ropa y complementos y el 3,3 por ciento a alimentación. El 13,4 por ciento se correspondía con otros gastos no especificados.

El escándalo fue conocido después de que Bankia trasladara a su principal accionista, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), una documentación y un CD con el detalle de movimientos bancarios que este organismo trasladó a la Fiscalía Anticorrupción.

El fiscal jefe Anticorrupción, Antonio Salinas, judicializó el asunto el pasado 24 de septiembre al trasladar a la Audiencia Nacional las diligencias que había abierto a comienzos de mes por posibles delito societario y de apropiación indebida.

El juez Fernando Andreu, que lo asumió al estar instruyendo el 'caso Bankia', preguntó la semana pasada al Banco de España si conocía la existencia de estas tarjetas y le pidió que, en el marco del informe pericial que está realizando sobre las prácticas en la entidad, analice si su uso puede constituir un delito de administración desleal.

"Al margen del circuito establecido"

Según la documentación analizada, las tarjetas fueron emitidas "al margen del circuito establecido con carácter general y ordinario" del banco, con un gasto de 15.249.300 euros para los exconsejeros de Caja Madrid entre 2003 y 2012 y de 245.200 euros para los de Bankia entre 2011 y 2012. Esta entidad interesó la justificación de los gastos a sus ejecutivos y directivos, quienes procedieron a devolver el dinero, según fuentes de la entidad.

En concreto, los 21 consejeros ejecutivos y directivos de Caja Madrid, entre ellos Blesa y Sánchez Barcoj, gastaron 6.285.100 euros entre 2003 y 2011, mientras que 65 miembros de la Comisión de Administración y Control de la caja cargaron un total de 8.964.200 euros en el mismo periodo.

Entre ellos se encuentran el exsecretario general del PP de Madrid Ricardo Romero de Tejada, el exdiputado 'popular' Pablo Abejas, el exnúmero 2 del PSM Antonio Romero y el dirigente de IU José Antonio Moral Santín y el sindicalista de CCOO Antonio Baquero.

Entre 2011 y 2012, cuatro consejeros ejecutivos y directivos de Bankia utilizaron las tarjetas aunque devolvieron los importes. Sánchez Barcoj facturó cerca de 90.879 euros; Rodrigo Rato, 54.837; Matías Amat, 42.042; y José Manuel Fernández Norniella, 9.700. La tarjeta de Francisco Servando Verdú no registró ningún movimiento.

En estos dos años, además, 14 de los 20 consejeros y directivos de Caja Madrid realizaron movimientos por valor de 47.900 euros. Entre ellos estaban el exsecretario de Estado de Hacienda con el PP José Manuel Fernández Norniella y el presidente de la patronal CEIM Arturo Fernández.

http://www.arndigital.com/politica/noticias/11253/el-informe-del-banco-de-espana-una-pieza-decisiva-en-la-investigacion-de-las-tarjetas-b/

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Hacienda busca 15 millones en Bankia y olvida 22.409

15 millones de euros son motivo para el escándalo. Pero el desfalco en Caja Madrid ha obligado a inyectar 22.424 millones de dinero público que Hacienda parece haber olvidado. La anécdota, siendo grave, parece haber sepultado a la categoría. 

Reflotar Bankia costó al Estado 22.424 millones de euros de dinero público.

El Ministerio de Hacienda acaba de anunciar una investigación para recuperar casi 15,5 millones gastados en tarjetas "fuera del circuito normal de otorgamiento de tarjetas de empresa" y "utilizadas para fines no vinculados con la actividad de la entidad", según la Fiscalía Anticorrupción. La iniciativa de Hacienda es la correcta porque es esencial recuperar hasta el último decimal de los 15.494.500 euros que se gastaron en tarjetas de crédito. Pero esa estrategia está sirviendo también para ocultar la inacción que las autoridades están mostrando a la hora de exigir responsabilidades por el resto del inmenso agujero que ha dejado la gestión de Caja Madrid y de muchas otras cajas de ahorro.

En términos numéricos, el fraude de las tarjetas de crédito suma 15.249.300 euros gastados entre 2003 y 2012 en Caja Madrid y otros 245.200 cargados a Bankia entre 2011 y 2012, una cantidad que representa un 0,0006% del dinero público perdido en Bankia. El Gobierno se empeña en demostrar que perseguirá a los 86 directivos que han cobrado en B y ha puesto todos los focos en un escándalo en el que se obvia el 99,9994% del dinero perdido restante. Las magnitudes de cuál es el verdadero problema parecen claras, pero nadie en Economía, el FROB o el Ministerio de Hacienda parece poner el mínimo énfasis en elevar las investigaciones del terreno personal al institucional.

La compra-venta de voluntades en los consejos de administración con 15 millones de euros es sólo la punta del iceberg. El salto de salarios de un presidente, Jaime Terceiro, que dejó la caja cobrando 180.000 euros al año a otro, Miguel Blesa, que se marchó con un sueldo 19 veces mayor de 3,5 millones anuales es minúsculo si no se investigan las grandes operaciones que generaron los mayúsculos agujeros de la entidad: los 1.082 millones de euros concedidos a Martinsa Fadesa, los 1.174 millones declarados por la Corporación Cibeles o los millonarios créditos a Díaz Ferrán. Ésas son las operaciones que Hacienda debiera estar desenmarañando a día de hoy y cuyos responsables siguen desaparecidos.

También en términos de responsabilidades personales, el fraude no puede limitarse a 86 ejecutivos que han abusado de su chequera, olvidando cuál fue el verdadero drama de la entidad: el uso político que de ella hicieron quienes ahora desde los Ministerios y las autonomías dicen buscar justicia. Bankia fue utilizada como la tesorería del PP, FAES y la Comunidad de Madrid a partes iguales hasta el punto de que la batalla por conquistar su presidencia se lidió entre los candidatos de Alberto Ruiz-Gallardón, que apostó por Miguel Blesa, Esperanza Aguirre, que intentó colocar a su número dos, Ignacio González y el propio Rajoy que acabó imponiendo a Rodrigo Rato. Los que hoy hablan de Justicia son tan responsables de esta situación como los 86 señalados. 

En la actualidad hay más de 100 imputados en investigaciones a 16 cajas. Ninguno de ellos ha sido condenado pese a que Caja Madrid suma ya 36 imputados, Catalunya Caixa 50 y el Banco de Valencia, 16, entre otros. En la mayoría de esos casos, se piden restituciones de dinero personal por salarios, dietas o indemnizaciones percibidas fraudulentamente sin que lleguen exigencias por gestiones ruinosas, favores políticos o aventuras imposibles al servicio del poder autonómico de turno.

Y, por último, en términos de sistema bancario, Caja Madrid no debiera convertirse en la anécdota en la que se centra todo. El FROB ha planteado ya sospechas sobre 90 operaciones irregulares en Bankia, Catalunya Caixa, Novagalicia y BMN a lo largo de los últimos años y el Ministerio de Economía ha asegurado que hay otras 20 irregularidades más en otras cajas. Las autoridades lo han dicho sin aportar ningún detalle más y sin ningún rubor: nadie especifica qué cuantías se han defraudado ni qué responsabilidades se exigen. Esas explicaciones son urgentes y necesarias.

El "club de los 86", al que la Justicia debe plantear exigencias con rigor, sigue desviando, mientras tanto, el foco del problema real de Caja Madrid en particular y de las cajas en general.

http://vozpopuli.com/analisis/50611-las-tarjetas-opacas-hacienda-busca-15-millones-en-bankia-y-olvida-22-409

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